Comentarios a la columna de Jaime Secco

Artículo de Jaime Secco disponible en http://www.uypress.net/uc_63267_1.html
El Sr. Secco publica un extenso artículo en UY PRESS,que no puedo por razones de tiempo, analizar en su totalidad, pero que invito a leer para reflexionar.
Les dejo aquí, mis comentarios:
“El problema es que hay medicamentos de muy alto costo y el Ministerio no los incluye en sus planes, sino que el Fondo Nacional de Recursos estudia su suministro caso a caso. Vale aclarar que en ningún caso se trata de fármacos que curen la enfermedad. Se ha promovido una industria de juicios contra las decisiones negativas de esta institución y los jueces deciden sin una norma específica. Lo que pretende el artículo 425(*) del Presupuesto es crear esa norma.”

1. El MSP sanciona una lista taxativa de medicamentos que formarán parte de las prestaciones (FTM), dispone si los mismos serán entregados por las instituciones de asistencia médica públicas o privadas o por el FNR. No ha creado hasta la fecha ningún procedimiento para que un cuerpo médico decida, caso a caso, el suministro en las situaciones en las que el paciente no cuenta con otra alternativa o, incluso, ha demostrado que el medicamento hace el efecto esperado. Este es, precisamente, uno de nuestros más viejos reclamos.
2. Que un medicamento no cure, es decir que no haga desaparecer completamente la enfermedad, no quiere decir que carezca de valor terapéutico. Lo que se busca es prolongar la vida en condiciones de calidad. Algunos de estos medicamentos no curan, pero hacen desaparecer los síntomas. Otros, hacen que personas que estaban postradas puedan tener una vida normal. El paciente vive más, vive mejor y tiene la oportunidad de que aparezcan nuevos tratamientos. Vale la pena, entonces, aclararlo.
3. Que yo sepa, si miramos los números, no existe una “industria del juicio”. Los juicios han aumentado si, pero no porque alguien los haya promovido con fines espurios, sino  como consecuencia de la falta de reflejos de la Administración, que no ha sido capaz de establecer un mecanismo alternativo que brinde protección a los derechos humanos de los pacientes y certeza en cuanto a la pertinencia de los tratamientos médicos solicitados. Los pacientes recurren legítimamente a las acciones que el Estado de Derecho les garantiza para la protección de sus derechos. Los juicios no los decide ninguna industria, sino jueces imparciales que deciden de acuerdo a derecho.
4. No es cierto que no exista norma habilitante para la decisión judicial. Hay varias normas de derecho interno e internacional, pero la más precisa es el 44 inciso 2 de la Constitución Nacional, que dispone que quienes carecen de recursos suficientes deben recibir las prestaciones por parte del Estado.  El propuesto 425, no dice eso.

Y sigue el Sr. Secco:
“Como primera aproximación, notemos el tono de chantaje emocional y de explotar el sufrimiento de personas en situación desesperada”
5.  Esta defensa muestra la  resistencia a lidiar con las consecuencias de las decisiones que se toman. Sr. Secco, el diseño del sistema produce estas injusticias, estos dolores, estas calamidades. Alicia Miller, Daniel Lorenzo, y tantos y tantos otros, no son golpes bajos,  son las personas que quedan en el desamparo luego de que el sistema de priorización de medicamentos es aplicado sin tomar en cuenta la realidad de la medicina, cada vez más diseñada para ser aplicada uno a uno, la realidad de cada paciente, la situación particular de la enfermedad.
Aún si el constituyente creyó que los recursos del Estado son infinitos, siguen sin serlo. Hay que optar. El Uruguay no gasta poco en salud; en dólares por habitante ya se hace un gran esfuerzo. Y los gobiernos electos han decidido priorizar la inclusión. Centenares de miles se han incorporado a la atención de salud con el Fonasa. Si se cree que debe proporcionarse lo que los laboratorios piden a todo el que lo solicite, ¿qué dejamos afuera? ¿A cuántos para prolongar un poco la vida solo de una persona? ¿A los jubilados y otros colectivos que aún no ingresaron al Fonasa? ¿Qué otra cosa podemos recortar? En Europa están haciendo reducciones a la salud, ¿aquí estamos vacunados?
6. Nuevamente se equivoca: no estamos hablando de proporcionar todo lo que los laboratorios ofrecen, sino de brindar lo que resulta médicamente necesario para evitar que las personas mueran o sufran sin recibir los tratamientos disponibles.
Da mucha gracia, eso si, que cuando se habla de recortar, siempre se vaya a cortar beneficios a los más débiles: Fonasa a los jubilados, vacunas a los niños pobres…eso no es un chantaje emocional? Tal vez podamos hablar de recortar inversiones o gastos superfluos, de esos que abundan y nadan dentro del Presupuesto vestidos de sueldos de asesores,  comisiones ineficientes que sacan 4 resoluciones al año, aerolíneas que no vuelan, corredores que no corren, programas para llenar el ojo y otras yerbas. (Si, estoy generalizando, me hago cargo). Tal vez podamos hacer una real re distribución y dejar de tener instituciones pobres y empresas médicas ricas, tal vez podamos establecer que quienes tienen recursos deben aportar más (veamos por ejemplo, las devoluciones de FONASA) o que los medicamentos se proporcionarán bajo la forma de subsidio o de préstamo, de acuerdo a las posibilidades de cada uno….podemos explorar, en un país de 3millones y medio de personas, muchas opciones antes de negar el acceso a los tratamientos indispensables para mantener la vida.
Pero la pregunta es, ¿quién decide? ¿Un plan nacional de salud votado por el Parlamento con el Presupuesto, o los eventuales jueces de cada caso, obligados a creerle a los médicos cosas que no entiende y sin visión de conjunto?
7. Es muy buena la pregunta: quién decide? Es incorrecta la respuesta: hoy qué tratamientos se dan o se niegan no está decidido por una ley sancionada por los representantes sino por una ordenanza del  MSP, dictada sin atenerse siquiera a los tiempos reglamentarios y que se impone sin una fundamentación clara de los criterios de priorización que se realizan. Esto lo reconoce hasta el propio Dr. Pereira Campos, facilitador del Banco Mundial,  al que no se lo puede acusar, precisamente, de estar en sintonía con quienes nos oponemos a la Administración en este tema.
El juez está llamado a decidir sobre muchas cosas en su actividad diaria, cuya ciencia le es ajena en la mayoría de los casos. Para eso es que los jueces son auxiliados por peritos, especialistas en la materia a decidir. Tal vez el Sr. Secco no sepa pero en estos juicios, además del médico tratante, el juez recibe la opinión imparcial de un perito, especialista o médico legista, que ratifica esa indicación.  Por otra parte, el juez no tiene que tener visión de conjunto: la labor del juez es decidir en el caso concreto. Ese es el Estado de Derecho, mal que le pese.
“Los reclamos judiciales para que se financien medicamentos que no están en el vademécum se multiplicaron por ocho en cinco años. Y se denuncia que esos juicios los patrocinan los laboratorios. Al menos los pedidos al Fondo Nacional de Recursos los tramita el laboratorio; esto no me lo contaron.”
11. La forma más penosa de querer ganar una discusión es la de pretender invalidar los argumentos ajenos sembrando sombras sobre la altura ética del interlocutor. Para el Sr. Secco el aumento de los juicios se debe a que hay intereses espurios detrás: dice que los patrocinan laboratorios y que esto “no se lo contaron”. Si no se lo contaron, lo habrá visto. Si lo vio, que lo denuncie. Lo que dice es agraviante para los abogados que hemos trabajado honestamente durante años para la defensa de los derechos de los pacientes, al tiempo que reclamamos, desde siempre, mecanismos para que nuestra tarea no sea necesaria.
Lo que dice el Sr. Secco es de una irresponsabilidad espantosa y muestra por qué estamos tan lejos de que las Autoridades se hagan cargo de las situaciones que generan. Los juicios contra el MSP, Sr. Secco, aumentan y se ganan pero no porque los laboratorios paguen a los abogados sino porque el MSP demora escandalosamente en procesar las solicitudes de incorporación de nuevos medicamentos, no brinda justificación coherente para las decisiones que toma, no analiza los casos individuales que se les someten ni la evidencia médica, hace excepciones en algunos casos que no mantiene para otros de iguales características. Y lo va a seguir condenando hasta que no demuestre que ha actuado diligentemente, que ha creado los mecanismos para que las personas sometan sus casos, hasta que no ponga en funcionamiento procedimientos para proteger efectivamente la salud de todos.
12.  Sr. Secco: muchas de las personas que han hecho juicios de amparo y obtenido sus tratamientos a través de una orden del Poder Judicial, hoy pueden contar sus historias porque un juez entendió que la omisión del MSP resulta manifiestamente ilegítima y vulnera un constitucional fundamental. Eso, no es politiquería, no  es golpe bajo: eso no es otra cosa que la tutela efectiva de los derechos humanos.
13. Por último, a quienes cuestionan el oportunismo de esta campaña contra el 425, un comentario: la oportunidad  no la elegimos nosotros. Fue alguien en la Administración que tuvo la buena idea de colar, en el extenso articulado del Presupuesto, una norma para limitar el acceso a la justicia. Una norma que, como describiera magistralmente Hoenir Sarthou, no es otra cosa que una chicana macabra. Una norma que solo tiene como objetivo terminar con los juicios de amparo no con la injusticia de que quienes pueden pagar los tratamientos los reciban y quienes carecen de recursos queden desprotegidos. Una norma cuyo objetivo es proteger una sustentabilidad del sistema que no está en juego, vulnerando los derechos humanos fundamentales de las personas.
Florencia Cornú