Borrador Discusión Parlamentaria Sesión 14 de octubre – Inciso 12 – MSP
Se pasa a considerar el Inciso 12, “Ministerio de Salud Pública”, que comprende los artículos 443 a 462, inclusive.
(Texto del Inciso 12:)
——Hemos acordado con las bancadas tratar, en primer lugar, un bloque de tres artículos: 443, 456 y 457.
En discusión el artículo 443, que tiene un sustitutivo.
(más…)
Borrador de la discusión parlamentaria
Dada la avanzada hora en que transcurrió la discusión y votación de los artículos 443, 456 y 457 (antiguos 425, 438 y 439), compartimos con ustedes el borrador de la discusión parlamentaria que culminó en el día de hoy, cuando faltaban 15 minutos para las 5 de la mañana.
Esperamos que sirva de insumo para la comprensión de este tema.
DIPUTADO RADIO (PARTIDO INDEPENDIENTE)
SEÑOR RADÍO (Daniel).- Dado lo limitado del tiempo, voy a centrarme en estos artículos que han suscitado el debate, aunque sería bueno que pudiéramos hablar de más cosas en otras condiciones y no centrarnos solamente en estos temas.
Es verdad que se trata de temas de alta sensibilidad. Ningún médico va a decir: “No hagan tal tratamiento porque a este señor le quedan cuarenta y cinco días de vida”. Eso no lo va a decir ningún médico, porque cuando a uno le quedan cuarenta y cinco días, cuarenta y cinco días es el cien por ciento. Entonces, es un montón; cuarenta y cinco días es todo. No habrá nadie que diga eso. Hay un imperativo ético que nos impulsa a los médicos y que nos impediría decirlo.
No menos cierto que eso es algo que se ha dicho aquí: que no todos los medicamentos, no todos los fármacos para los cuales hay evidencia científica de que son efectivos, son financiables. Eso es verdad; eso es una verdad palmaria.
Hace un momento, se decía que la vida no tiene precio; eso es absolutamente cierto, tan cierto como que aquellas herramientas que sirven para sostener la vida sí lo tienen y alguien tiene que financiarlas. Cuando la sociedad decide que dedicará a la salud de las personas una cierta cantidad de dinero, cuando levantamos las manos en este ámbito y luego los senadores, esa cantidad es inextensible, es finita, no aumenta. El otro día, en la Comisión de Salud Pública, decía que cada vez que el médico en su consultorio empuña su chequera, que se llama recetario ‑porque es una chequera‑, cada vez que el médico asigna un recurso a un paciente, está, simultáneamente, tomando dos decisiones: que ese recurso se aplica a ese paciente y que ese recurso no se aplica a los demás pacientes, porque la dotación de recursos es finita, es inextensible. No es que como está en juego la vida, saco del cuerno de la fortuna, porque eso no existe.
Quienes decidimos cuánta cantidad de recursos se asignan a la salud de la gente es la ciudadanía en su conjunto representada en este ámbito. No hay más vuelta que dar, porque no existe la magia en esto, no se puede hacer la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, el problema es quién decide cuándo se asigna un recurso a un paciente y cuándo no. Ahí tenemos un problema muy serio. Claro, nadie se toma en serio los programas de Gobierno porque parece que son pour la galerie.
Nosotros creemos que tiene que haber una agencia independiente, una institucionalidad técnico política independiente del Ministerio de Salud Pública ‑también del Ministerio de Salud Pública‑ y de las otras instancias, que sea la que determine estas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo ‑esto vale para los fármacos y para las otras cosas como la introducción de tecnología, que ha sido una polémica que hemos tenido en la sociedad en los últimos tiempos‑, ¿quién determina el Plan Integral de Atención en Salud, el PIAS? ¿El Ministerio de Salud Pública? ¡Mentira! ¡Lo determinamos todos! La Justicia también cada vez que dicta un fallo que dice: “Hay que dar este tratamiento a este paciente”, perforando el PIAS. Lo vulneramos los legisladores cada vez que legislamos por patología. ¡No podemos legislar por patologías! Los legisladores somos vulnerables a los lobby, y cada vez que viene un grupo de gente que se nos presenta en el despacho y nos dice: “Hay que sacar una ley para determinar tal tratamiento”, allá vamos nosotros y nos prestamos.
Entonces, los que tienen lobbies fuertes, logran que se atiendan sus patologías. Aquellos otros que no vienen a patalear ni a protestar ‑esto vale para otras cosas; el sayo le cabe a algunos en estas cosas y en otras cosas, a otros‑, no logran nada. Ante las presiones y los pataleos, sacamos plata de algunos lados para poner en otros. Esto vale también para las patologías y me parece que no debiéramos ser permeables a eso o, mejor dicho, no debiéramos tener la última palabra.
Cuando me dicen: “Hay que aprobar una ley para tratar tal patología porque a nosotros no nos tratan”, yo contesto: “¿Dónde está la ley que dice que hay que tratar la colecistitis aguda?” No son los legisladores los que dicen qué se trata y qué no se trata. No debiera ser así, porque es incorrecto, es inadecuado.
Deberíamos tener una institucionalidad técnico política independiente que asesorara en esta materia a todas las instancias para que después hubiera congruencia. También debería asesorar al Poder Judicial, porque ahí está el problema: el Poder Judicial consigue asesoramientos distintos y entonces hay incongruencias entre los distintos estamentos del Estado.
Ahora, lo que creo es que no existe el cuerno de la fortuna y que no podemos apostar a que la dotación de recursos sea infinita. No existe eso. Tenemos que actuar responsablemente; quienes están en el Gobierno tienen que actuar responsablemente y quienes estamos en la oposición tenemos que actuar responsablemente. Esa ha sido siempre la conducta de este partido.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Alejandro Sánchez)
El otro día planteamos en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social la necesidad de abordar este tema en profundidad. El discurso del señor diputado Luis Gallo Cantera me parece muy sensato y creo firmemente en lo que dice. Hagamos un compromiso de abordar el tema en serio, buscando una fórmula para resolverlo, ¡pero no en el Presupuesto! No tiene nada que ver con la discusión del Presupuesto, no es materia presupuestal lo que estamos decidiendo. ¡Reconozcamos eso y hagamos un compromiso en serio para resolverlo! ¡Hagámonos cargo! No digamos que vamos a poner plata infinitamente, porque sabemos que es mentira, que no hay ninguna sociedad que mantenga eso; no se puede.
La salud no es financiable infinitamente. ¡No se puede! ¿Qué se joroben los pacientes terminales? No, si todos nosotros, los que estamos en este recinto, somos pacientes terminales. ¿Alguien tomó nota de eso? Acordemos resolverlo fuera de este ámbito; no es materia presupuestal y me niego a votar estos artículos como parte del presupuesto. Por lo tanto, no vamos a acompañarlos.
DIPUTADO RIOS (FRENTE AMPLIO)
SEÑOR RÍOS (Silvio).- Señor presidente: voy a hablar en mi condición de diputado pero también de médico, ya retirado. Con el diputado Edgardo Mier trabajamos juntos durante muchísimo tiempo y también tuve cargos de dirección en los servicios de salud. Cuando tenemos enfermos, siempre nos encontramos con esta dificultad, que es muy difícil de resolver; a veces, es muy duro tener que decirles que no tenemos el medicamento que los beneficiaría.
Como se dijo, esto puede tener un enfoque judicial y también económico. Quiero hablar sobre lo que me parece que es la responsabilidad de nosotros como Estado, como diputados. De este recinto salió hace muy poco tiempo la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue propuesto por el Frente Amplio, pero fue apoyado por todos los partidos, y lo que pretende esa propuesta de sistema de salud, es dar la posibilidad de brindar una asistencia integral a todos los ciudadanos, a todos quienes habitan en el país.
Esta solución integral es la base de los paquetes de asistencia que viene dando el mutualismo desde hace tantísimos años, y en las sucesivas reglamentaciones que se fueron haciendo, se fueron incorporando cada vez más prestaciones para resolver los problemas de la gente. Eso llevó a que en ese concierto se hubiera fundado el Fondo Nacional de Recursos, una estrategia de salud de nuestro país que es ejemplo en todos los lugares del exterior adonde vamos. En Brasil, que es un continente, no tienen la solución universal de la medicina de alto costo, de la mayoría de los eventos de alto costo como tenemos los uruguayos.
Aquí, el compañero Gallo Cantera, dijo claramente lo que significan para la población uruguaya las prestaciones que da el Fondo Nacional de Recursos, todo ello relacionado a la medicina de alto costo. La cirugía cardíaca que todos conocen, los linfomas, las leucemias, los cánceres, inclusive, ahora se agregan las enfermedades autoinmunes, que también tienen medicamentos de altísimos costos.
Creo que el sistema de salud le ha exigido, tanto a los prestadores privados que constituyen el mutualismo, como a los prestadores públicos. ASSE no es otra cosa que un prestador más, es el prestador del área pública que, con este sistema ‑que tiene una financiación a través del Fonasa‑ hace que ahora no haya diferencias entre las prestaciones que tienen que dar la mutualista y las que tiene que dar ASSE. Todos reconocemos que, desde que empieza con el Sistema Nacional Integrado de Salud, ASSE viene corriendo de atrás, porque tenía un gran retraso en lo relativo a la infraestructura asistencial y tenía enormes dificultades con sus recursos humanos, pero va progresando.
Entonces, creo que así como supimos resolver la medicina de alto costo, a través de los IMAE, dentro del propio IMAE hay una comisión que es la que actualiza los medicamentos que desde el punto de vista científico tienen efectividad.
Reconozco en esto ‑lo he dicho en la comisión al diputado Lema‑ que desde el año 2013 al año 2015 no ha habido incorporaciones, y creo que eso no anda bien. Pero ese es el sistema de salud, son los prestadores de servicio que tienen que tomar ese tema como central porque, poco a poco, hay que ir integrando esos medicamentos, y esa es una responsabilidad del sistema, o sea que es una responsabilidad política.
La responsabilidad médica pasa por aplicar el estado de la lex artis, es decir, que sea no una medicina individual sino una medicina hecha colectivamente, con equipos de salud, como se está haciendo actualmente en Uruguay.
Personalmente, creo que es bastante sencillo entender el problema, pero es muy difícil llegar a una solución cuando los costos empiezan a apurar. Por eso creo que esa comisión ‑como decía el señor diputado Radío‑ tiene que ser independiente. Uruguay se ha dado esa estrategia, porque el Fondo Nacional de Recursos tiene gente que es del sector privado y gente del sector público. Considero que ahí está el germen de dónde crear una comisión que estudie esta nueva faceta de la medicina, que es la medicina de alto costo, sobre todo de medicamentos de alto costo.
En ese sentido, quiero advertir una cosa: los medicamentos de alto costo son promocionados por la industria farmacéutica, y quienes hemos trabajado muchos años en salud sabemos que la industria farmacéutica es una máquina que no para, es una máquina que permanentemente está lanzando al mercado lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, vamos a tener claro que la dirección la debe tener el Estado, la debe tener Salud Pública, y no como ASSE, sino el Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la salud en Uruguay. Creo que esa tarea del Ministerio de Salud Pública mucha gente todavía no la diferencia, pero en realidad el Ministerio es el rector, porque da las políticas de salud, y es la policía sanitaria, y ASSE es el organismo prestador, como también lo es el resto del mutualismo.
Entonces, considero que los roles son políticos, que en este recinto se tienen que encontrar los mecanismos para conseguir que haya una comisión que tenga una base científica y que pueda dar garantías a todos los uruguayos de que las medicinas que necesitan se las puedan dar.
Quiero terminar mi intervención solo diciendo ‑parto de la base y no la discuto‑ que aunque hagamos todo bien, la acción de amparo tiene que existir, porque siempre va a haber alguien que cree que no se le hizo lo que se le debía hacer, o que no se le dio la oportunidad; así que ese recurso debe mantenerse y yo lo respeto en todos los términos. Creo que es un problema que el sistema de salud tiene que resolver y, por lo tanto, tiene mucho que ver que se tenga en cuenta en las políticas. Y, si se quiere avanzar un poco, coincido en que, quizás, hay que desglosar estos artículos, enriquecernos más, nutrirnos con más opiniones para llegar a soluciones. Esta es mi visión de las cosas.
DIPUTATO MIER (PARTIDO NACIONAL)
SEÑOR MIER (Egardo).- Señor presidente: los artículos que componen este primer bloque fueron desglosados por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda y derivados a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que integramos, para su estudio.
Precisamente, en este punto fue donde tuvimos nuestra primera sorpresa; confesamos que estamos debutando y somos muy nuevitos en esto. Digo esto porque discutimos en profundidad este artículo pero cuando llegó la instancia del informe final nos encontramos con que no teníamos competencia para realizar ningún informe, para adoptar ninguna posición ni para votar. Inclusive, la Comisión solicitó permiso a la Cámara para seguir sesionando y analizar el articulado. Pero, reitero, cuando llegó el momento del resumen final, nos encontramos con que no era cometido de la Comisión hacer un informe final ni votar. Les adelanto que en la Comisión había una posición mayoritaria, que coincidía con nuestra opinión y con la del Partido Nacional.
En ese momento, nos surgió la primera interrogante: ¿para qué estuvimos trabajando tantas horas y para qué la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda desglosó este articulado y lo envió a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social? Al final, decidimos remitir la versión taquigráfica para que supieran qué habíamos discutido.
Explicado esto, quiero comentar por qué queríamos sacar estos artículos del análisis de este presupuesto: por inconvenientes, por considerar que son de dudosa constitucionalidad ‑voy a decir solo esto porque no soy especialista‑ y porque este no era el momento adecuado para tratar esta temática. Debemos tener en cuenta que este asunto es fundamental desde el punto de vista económico y, también, social, porque genera una enorme sensibilidad en las personas.
Por todos estos motivos, entendíamos que lo mejor era que estos artículos no se trataran en este presupuesto. Inclusive, nos ofrecimos a generar un ámbito de profunda discusión, con multitud de integrantes ‑todos los que se quisiera‑, para escuchar la voz de todos los actores involucrados.
Lamentablemente, hoy estamos tratando este articulado y generando una discusión, que entendemos no debería haberse dado en esta oportunidad. Aclaro que sí debe darse en este ámbito pero con la participación de otros actores.
Hechas estas salvedades, quiero decir que hoy estoy hablando como legislador pero no me quito para nada el sayo de haber ejercido la medicina y de seguir siendo médico, porque lo vamos a ser toda la vida. Además, durante gran parte de los treinta y tres años de ejercicio profesional, durante treinta años, tuve la responsabilidad de la administración y la gestión de instituciones que atienden la salud. Muchas veces nos tocó ser la persona que daba la cara para decir al paciente o a la familia: “Este medicamento no está en el formulario terapéutico nacional. Por lo tanto, no tenemos la obligación de dártelo. Es carísimo. Intentemos buscar una solución”.
Detrás de esto siempre está la firma de un médico, con todas las connotaciones que tiene. Este es un asunto de enorme complejidad, que afecta directamente la sensibilidad y los derechos humanos de las personas, pero no podemos negar que también es de enorme importancia para el país por sus connotaciones y el importante costo económico. Tenemos la obligación de darnos esta discusión en profundidad y escuchando a todos los actores porque seguramente entre todos vamos a encontrar al camino que nos permita ser más justos y resolver esto con el beneplácito de todas las partes.
Reitero lo que dije anteriormente: muchas veces tuve que decir a pacientes o familiares: “Esto no te lo podemos dar”. Pero no puedo negarles la chance de recurrir ante la justicia y que me diga: “Tú no me lo podés dar, pero tengo la posibilidad de plantear un recurso de amparo de este derecho que se me está cercenando y finalmente me lo vas a tener que dar”.
Creo que lo que vamos a resolver acá ‑ojalá no sea lo que pienso‑ va a generar una cadena de consecuencias y de dificultades que van a aumentar la entidad del problema en todos sus aspectos porque el paciente, que se va a ver perjudicado en su derecho al reclamo, va a tener que recorrer un camino muy largo, planteando primero que se declare la inconstitucionalidad de estos artículos ‑si es que se aprueban‑, y recién después recurrir a su derecho de amparo. También creemos que va a provocar una serie de reclamos jurídicos al Estado por parte de personas y organizaciones muy importantes.
….
PEDIDO DE ACLARACION
SEÑOR MIER (Egardo).- Señor presidente: he escuchado las argumentaciones de todos los legisladores y necesito una aclaración, porque mi mente está absolutamente nublada. Hemos coincidido absolutamente todos en la dificultad de analizar este problema en este ámbito: todos, y nos hemos expresado todos en el mismo sentido.
Acá no ha habido posiciones contrapuestas. Sin embargo, terminamos votando artículos, que todos coincidíamos que no se debían haber votado en este ámbito, y ‑ojalá que me equivoque; lo digo de corazón‑ mañana comienza una andanada nueva de recursos de amparo y de inconstitucionalidad. No entiendo por qué lo hicimos, por qué se trajeron los artículos y estoy pidiendo una aclaración que seguramente nadie me la va a dar.
Discúlpeme, señor presidente.
DIPUTADO PASQUET ( PARTIDO COLORADO)
SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: el problema de fondo es extraordinariamente complejo y delicado. Yo no pretendo abordarlo porque participo de la opinión de la bancada del Partido Colorado, que entiende que este no es un tema para tratar en el presupuesto y que debe desglosarse. Más adelante, podrá disponerlo así la Cámara; me parece que claramente eso es lo que corresponde.
No vamos a entrar en las complejas cuestiones de fondo que hay en esto ‑científicas, éticas, de políticas sociales, etcétera‑ para ver los efectos que puede tener el artículo 443 y sus, podríamos llamar “satélites”, los artículos 456 y 457.
Dejemos de lado por un momento la cuestión de la constitucionalidad; asumamos que esa cuestión no está en juego y pensemos qué efecto práctico puede tener esto.
No tiene ningún efecto práctico desde el punto de vista del problema de fondo; es decir: toda esa construcción de soluciones de largo plazo, incorporando distintos elementos no inciden en nada. ¿En qué incide? ¿Por qué se propone la sanción de esta norma? ¿Cuál sería el efecto? El efecto concreto que tiene esta medida es hacer mucho más difícil el andamiento de las acciones de amparo. ¿Por qué? Porque la acción tiene, entre otros requisitos, el siguiente: la ilegitimidad manifiesta del acto u omisión que se impugna. La ilegitimidad manifiesta quiere decir una ilegitimidad clara, patente, grosera. La jurisprudencia acumula sinónimos para decir que no puede ser algo fino, sutil, que cueste determinar, porque la vía de amparo es sumarísima; se maneja en tiempos muy breves, en los que los jueces deben manejarse con evidencias muy claras e indiscutibles. Por eso, la ilegitimidad tiene que ser manifiesta.
Supongamos que se sancionan estas normas. Si mañana va alguien a la justicia a impugnar que no se le brinda tal medicamento que el médico le prescribió, invocando estos artículos le van a decir: “Actuamos perfectamente de acuerdo con derecho, de acuerdo con el artículo 443; nos ceñimos a todo eso. El Poder Ejecutivo reguló los programas previstos por el artículo tal de la ley cual y definió las prestaciones. Esa es la obligación que tenemos nosotros. Cumplimos con la obligación. Acá no hay ilegitimidad de ningún tipo”. Este es un obstáculo muy serio para el andamiento de la acción de amparo. Precisamente, este va a ser el efecto concreto de la norma. Creo que por eso el Poder Ejecutivo la promueve, porque quiere frenar las acciones ante la justicia.
Desde el punto de vista jurídico, sin duda esto va a ser un inconveniente, va a ser un obstáculo fuerte que se interponga entre los accionantes y los tribunales cuando no se avanza paralelamente en el camino de las soluciones de fondo.
Me parece que no sería justo proceder así. No es justo aumentar los obstáculos y las dificultades cuando al mismo tiempo no estamos avanzando en el camino de las soluciones.
Por eso, entiendo que lo razonable es dejar esto por un tiempo en el congelador y a través de todos los mecanismos que se han mencionado ‑los trabajos en las comisiones, los aportes científicos, los datos tan interesantes que aportó el señor diputado Gallo y muchos otros‑ ir buscando soluciones. Mientras tanto, debemos dejar abierta la puerta de la justicia, que siempre es una válvula de seguridad, que permite que casos muy injustos se enderecen, que situaciones inicuas se corrijan. La justicia es la última garantía y no deberíamos interponer obstáculos para los que accionan por problemas cuya importancia y gravedad nadie discute. Considero que estas personas tienen, por lo menos, derecho a tener su día ante el tribunal para que allí se determine si ese medicamento le corresponde o no.
Entonces, no nos pronunciemos sobre el fondo del asunto; desglosemos el artículo, continuemos estudiando y, mientras tanto, dejemos que la gente se defienda como mejor pueda ante los tribunales. Siempre es buena una mirada de afuera, imparcial, independiente de los laboratorios, de las multinacionales, de los empresarios médicos, de toda esa constelación de intereses tan poderosos que tanto inciden en esto. Yo creo que la ajenidad de la justicia a todo el sistema médico es una garantía más que, mientras no podamos aportar soluciones de fondo, nos deja con la conciencia tranquila de que aportamos garantías a quienes se encuentran en trances delicadísimos.
DIPUTADO OLIVERA (PARTIDO NACIONAL
SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor Presidente: hasta ahora quienes han dicho que iban a ser breves no lo fueron.
Quiero dejar una constancia que creo puede ser útil para quienes tengan que tomar la decisión o trabajar en el tema.
En su momento el señor diputado Rubio mencionó que los funcionarios de Aduanas concurrieron a la Comisión de Presupuestos integrada con la Hacienda a plantear una reivindicación, pero también a proponer una fuente de recursos: aplicar una tasa del uno por mil a la mercadería en tránsito. Lo que hay que saber es que esa mercadería en tránsito ‑de acuerdo con lo que nos manifestaron‑ es whisky, bebidas, cosméticos; se trata de mercadería de lujo ‑por decirlo así‑ o no necesaria. En este caso los contribuyentes de esta tasa prácticamente insignificante serían empresas como Philip Morris, Johnnie Walker u otras.
Según nos dijeron los funcionarios, con esto se estaría en condiciones de recaudar US$ 8.000.000. Buena parte de esos recursos podrían ir a parar a una solución en el sentido de lo que venimos hablando en esta provechosa discusión.
Solamente quería dejar esta constancia para que pueda oficiar de insumo en su momento.
Muchas gracias.
DIPUTADO ANDRADE (FRENTE AMPLIO)
SEÑOR ANDRADE (Oscar).- Señor presidente: nosotros estamos de acuerdo con la aprobación de los artículos y con seguir discutiendo. Estamos convencidos de que la aprobación de los artículos no despeja ni decanta un problema complejo que va haber que seguir estudiando más. Estamos convencidos, aun en la hipótesis más optimista, que pasará el período de Gobierno y vamos a tener que seguir trabajando, desde el Gobierno y desde el Parlamento, a los efectos de atender un tema complejo. ¿Cuál es? La extrema mercantilización de la salud y las mafias que están alrededor de la industria farmacéutica, del medicamento que, en particular, con esto, han crecido a tasas siderales en la última década, lucrando con recursos de los más pobres, o sea, le chupan recursos a los Estados de los más pobres para enriquecerse. Ese es el problema de fondo que tenemos. Y yo que soy partidario de la concesión de la propiedad social, tengo claro que una cosa es la propiedad social, por ejemplo, de la vivienda, que pudiéramos aplicarla mediante distintas legislaciones, y otra cosa distinta es a quienes concentran el control del cambio tecnológico y la investigación.
Por lo tanto, es una batalla que ni siquiera vamos a terminar de dar a escala nacional; trasciende lo que podemos hacer a escala nacional, porque si mañana pagamos medicamentos de $ 100, quienes lucran van a poner medicamentos de $ 200. No entender esa lógica extrema y pensar alegremente que podemos resolver tamaño negocio con una decisión parlamentaria creo que estamos errando.
Gracias, señor presidente.
INTERRUPCION CONCEDIDA POR DIPUTADO PEREZ
SEÑOR ANDRADE LALLANA (Óscar).- Señor presidente: tal vez solamente utilice dos minutos.
Creo que el concepto teórico de la función social de la propiedad, que nos cuesta tanto incorporar a la discusión ‑porque en todos está muy acuñada la legitimidad de la propiedad privada‑, en este plano no puede suponer que el conocimiento no sea una función social y que la construcción social del conocimiento se haga socialmente.
Comienzo de la parte: 101
Ahora, en términos de ese conocimiento construido socialmente, una vez que se llega a esa circunstancia de conocimiento le pongo precio y el que le pone precio a la vida es la industria farmacéutica que, independientemente de cómo haya llegado a ese conocimiento y del valor que tenga, desde el punto de vista de los insumos para construirlo, le pone precio en función del mercado. Y si vale $ 1.000 y lo quiere vender a $ 100.000.000, porque es negocio, lo vende a $ 100.000.000; el problema es si enfrentamos ese gran monstruo y cómo construimos correlaciones para él. Está claro que este es un debate que trasciende las posibilidades solamente locales de si el Uruguay se va a enfrentar con toda la industria farmacéutica del mundo.
De todos modos, sería bueno poner en debate la función social del conocimiento para garantizar el acceso en condiciones de la vida a escala general. Yo creo que ahí hay un componente que debiera, por lo menos en este plano, hacernos coincidir, porque yo comparto filosóficamente el planteo que todos han hecho en sala de que no se le puede poner precio a la vida.
Convengamos en que por algo crece a escala de 6 o 7 puntos por año la industria farmacéutica aun en un mundo en crisis y, en particular, en este costado es donde más crece. Es a eso a lo que nos enfrentamos y lo hacemos a nivel general. Por eso, no lo vamos a resolver sólo a escala local y sólo hoy; este tema queda abierto, va a quedar pendiente y ojalá sigamos construyendo para soluciones más de fondo que seguro son a mediano y largo plazo.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
DIPUTADO RUBIO (ASAMBLEAD POPULAR)
SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: parto de una valoración -no sé si irracional, poco comprensible o poco serio-, que a esta hora y después de tantas horas de cansancio acumulado haya que abordar semejante tema que nos supera, en lo que me toca, en todos los aspectos del conocimiento, del manejo, pero nuestro deber acá es dar una opinión política.
En realidad, el artículo que venía en su primera redacción era francamente impresentable. La nueva redacción mejora en su presentación, pero no en sus contenidos. Por lo tanto, se mantiene el mismo problema. Yo parto de la base de que para todos nosotros acá la vida no tiene precio; es una cuestión ajena a la duda. El tema es que a partir de lo que nosotros definamos políticamente, caminamos más, menos o para atrás, en el cumplimiento de esa definición.
Coincido con lo que aquí se ha dicho: el problema central es que hay cosas que no pueden tener valor de mercado y la salud es una, pero en esta sociedad en que vivimos, en este modelo que estamos y en estos sistemas integrados la salud sigue siendo una mercancía. Y nos preguntan, y nos preguntamos, de dónde pueden salir los recursos para cubrir estos gastos, al menos en parte, porque me parece que las cifras que se manejan tenían una dimensión al principio y luego otra flexibilidad. A mi modesto entender, la cantidad de gente que requiere este tipo de medicamentos no es ilimitada; es un número determinado que será fluctuante, crecerá, pero si crece la prevención seguramente sean menos. Me gustaría hacer la cuenta de cuál es la tasa de ganancia, de cuánto acumulan las empresas privadas que administran la medicina, para empezar a pensar de dónde se puede sacar.
Los trabajadores de la Aduana, el sindicato de aduaneros, arrimaba una propuesta de colocarle el uno por mil de impuesto a la mercancía en tránsito: ellos rescataban con eso US$ 8.000.000. A su vez, planteaban que la mitad fuera para esto.
Por ejemplo, en este Uruguay de auge económico de exportación de soja, los sojeros no pagan un peso de ración.
Si la sociedad busca resolver un problema de esta magnitud, que tiene que ver con valores humanos básicos, creo que se consigue caminando, además, en la dirección que aquí se planteó. A veces, si nos ponemos a pensar que el enemigo es tan grande, tan inmenso, se nos hace inabordable la lucha.
Hay experiencias en el mundo de países que han caminado en medio de inmensas dificultades para, por ejemplo, resolver el problema de los medicamentos. Y no lo podrán hacer completamente, pero ¡si habrán avanzado! Y no lo han hecho en base a la riqueza desbordante, sino a definiciones políticas de fondo donde se parte de la base de que la salud es un derecho humano esencial.
Quiero plantear que yo tampoco entiendo por qué esto vino en el presupuesto. Me imagino que es una especie de salvaguarda, de parachoques, tratando de frenar un gasto que aparece como muy grande, pero a partir de lo que acá se ha dicho y se ha afirmado por todos, lo más lógico sería que estos artículos salieran del presupuesto y se trabajara, con los que saben, seriamente, inclusive con compromisos de plazo para buscar encaminar esta situación.
Muchas gracias.
DIPUTADO CHIAZZARO (FRENTE AMPLIO)
SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Señor presidente: vamos a ser breves.
He escuchado acá una serie de argumentos a los que me gustaría poder dar respuesta. Me refiero, sobre todo, al tema de la inconstitucionalidad. Yo no soy una persona muy enterada del Derecho Constitucional o, por lo menos, no he trabajado en profundidad. Por lo tanto, he realizado una consulta a un constitucionalista de alto nivel en el país y él me decía que no le ve inconstitucionalidad a este artículo 44, que señalaba el diputado Lema. Y me hacía ver un hecho -que simplemente lo voy a trasmitir pero sería bueno tomarlo en cuenta-, y es que, en realidad, hay que analizar muy claramente el inciso primero del artículo 44 de la Constitución que nos muestra que es una norma programática y, como tal, por supuesto en oposición a la norma perceptiva, el constitucionalista le está encomendando al legislador elaborar una norma para regular esta situación.
Esa es una opinión de un constitucionalista y, en ese sentido, es lo que ha hecho y lo que está haciendo este Gobierno: elaborar una normativa para este tema. Por supuesto que es materia opinable ‑hay mucha gente para hablar y es tarde; son las 4 y 15‑, de todos modos, los escucho. De todos modos, me han pedido que me limite, pero créanme, es solo una opinión más.
Comienzo de la parte: 102
Con esto quiero decir que no hay opiniones absolutas. No se puede decir: “Esta norma es anticonstitucional” porque hay otro constitucionalista que dice que es constitucional.
A nosotros nos preocupa la mercantilización de la vida, de la enfermedad y de la salud por parte de los grandes laboratorios, las grandes trasnacionales y las grandes multinacionales. Debemos tomar alguna medida para combatir el flagelo de las multinacionales, que ponen precios arbitrarios. En los tratados internacionales esto se llama “propiedad intelectual”. Este aspecto explica por qué algunos sistemáticamente nos oponemos a los tratados de libre comercio, a los TLC y a los TPP: porque en ellos aparece la propiedad intelectual y las trasnacionales del medicamento imponen condiciones a los países subdesarrollados.
Les voy a contar las novedades del TPP. Hasta ahora, las sociedades trataban que las patentes de medicamento tuviesen una prolongación de hasta cinco años para que luego se pudieran producir medicamentos genéricos, que tienen un costo mucho más reducido. India y Brasil no respetaron las patentes, lograron abaratar los medicamentos y llevarlos a un precio realmente increíble. En los nuevos TPP que se están negociando, las trasnacionales del medicamento piden patentes por más de veinte años. Es decir que durante veinte años las trasnacionales del medicamento van a cobrar lo que quieran y nadie podrá hacer uso de esa patente.
Entonces, vamos a defender la salud, que nos preocupa a todos. Los países subdesarrollados no tenemos capacidad de llevar adelante tecnologías de investigación para combatir enfermedades letales. Todos los partidos políticos deberíamos asumir el compromiso de rechazar negociaciones en las cuales se negocie la propiedad intelectual. Debemos rechazar la propiedad intelectual; de esa manera vamos a defender a nuestra población para que pueda acceder a medicamentos baratos. Esa es una forma de poder de atender las necesidades que cubre este fondo, que es excepcional y tiene parámetros inigualables a nivel latinoamericano.
Lo que está haciendo este gobierno es increíble. Debemos tener memoria. El Fondo Nacional de Recursos fue fundado durante la dictadura, en el año 1981, y quebró porque fue mal administrado. Fue el Frente Amplio el que lo puso nuevamente en funcionamiento. Ahora, tenemos que ser cuidadosos; no digo esto porque los frenteamplistas seamos mejor que nadie sino porque tenemos que cuidar a nuestra población. Esto es algo que tenemos que hacer entre todos. También nosotros tenemos que emplear metodologías que ayude a abaratar los medicamentos.
Voy a hablar de lo que sucede a nivel de la Unasur. Todos los países que la integramos estamos tratando de establecer mecanismos de compra globales para abaratar el valor de los medicamentos.
A nivel nacional, también estamos en negociaciones con los laboratorios.
Últimamente, estamos trabajando en lo que se llama la política de riesgo compartido: que en la parte experimental, durante un período determinado el costo lo asuman los laboratorios.
Todos los aportes que se han hecho son tremendamente sensibles. Tenemos que procurar que los medicamentos lleguen a nuestros ciudadanos. Acá hemos dado algunas pautas de lo que podemos lograr si ponemos voluntad y hay unanimidad para trabajar por el bien de nuestra población.