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Sep 23

Publicado en LA REPUBLICA – 23/9/2015

Posted on miércoles, septiembre 23, 2015 in PRENSA

Ante la polémica generada por la implementación del artículo 425 del Presupuesto, que prevé exonerar al Estado de responsabilidad en el acceso a medicamentos de alto costo, lo que ha generado una gran preocupación en varios sectores de la sociedad uruguaya, entre los que se destacan los médicos, que son quienes sugieren tal o cual tratamiento, el Sindicato Médico del Uruguay organizó y será sede de una mesa redonda hoy a las 18 horas, con la presencia de destacados juristas, quienes analizarán la legalidad del artículo y sus posibles consecuencias. (más…)

Sep 23

Posted on miércoles, septiembre 23, 2015 in PRENSA

Sep 22

Publicado en LA DIARIA 22-9-2015

Posted on martes, septiembre 22, 2015 in PRENSA

http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/9/barreras-de-acceso/
 El proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo incluye en el inciso del Ministerio de Salud Pública (MSP) tres artículos sobre la dispensación de medicamentos y procedimientos terapéuticos que han levantado polémica. El artículo 425 establece que la responsabilidad del Estado y de los prestadores de salud “queda limitada” al suministro de los programas de prestaciones aprobados por el MSP, “no siendo de su cargo la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos [FTM]” definidos por el MSP “ni de aquellos que aún definidos y aprobados, sean destinados a atender patologías ajenas a las previstas”. El artículo 438 pauta que la dispensación de medicamentos, procedimientos o dispositivos terapéuticos que no estén aprobados por el MSP sólo “se admitirá en los casos taxativamente enumerados en la legislación vigente y en los incluidos en el marco de ensayos clínicos”. El artículo 439 establece que los productos que se incluyan en el FTM, además de contar con un informe de eficiencia y seguridad, deben tener un “informe técnico favorable de impacto presupuestal y de evaluación económica”.

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Sep 17

Hoenir Sarthou sobre el 425: "Es una chicana macabra"

Posted on jueves, septiembre 17, 2015 in OPINION, PRENSA

Artículo publicado en la edición  del jueves 17 de setiembre en Semanario VOCES.

Sí, recuérdenlos bien: 425 y 677. Corresponden a artículos del proyecto de ley de presupuesto. Si pueden, búsquenlo en Google y léanlos.
Si usted es funcionario público, o si no dispone de miles de dólares para –en caso de enfermedad propia o de un hijo- pagar medicamentos caros y tratamientos sofisticados, le aseguro que le van a interesar.
El 425 limita las obligaciones de las instituciones de asistencia médica. Pretende cortar una tendencia que viene imponiéndose en el Poder Judicial: la de obligar a ASSE y a las mutualistas a suministrar medicamentos y tratamientos de alto costo a enfermos graves que los necesiten y no puedan pagarlos.
El artículo 425 ha generado el rechazo del Sindicato Médico del Uruguay y del Consejo de la Facultad de Derecho, así como expresiones públicas adversas de jueces y abogados, entre los que se cuentan los Dres. Dora Szafir, Edgardo Ettlin, Juan Ceretta, Gianella Bardazano y Florencia Cornú. Por información más detallada sobre el proyectado artículo 425, sugiero entrar al blog https://accesoamedicamentosuruguay.wordpress.com
El 677, por su parte, dispone que los créditos contra el Estado por reclamos remuneratorios, después de ser declarados y liquidados por el Poder Judicial, no podrán cobrarse hasta que se los incluya en la próxima ley de presupuesto o de rendición de cuentas, y serán pagados recién en el ejercicio siguiente. Lo que significa que el cobro de un crédito contra el Estado, por esos conceptos, puede demorarse todavía  casi dos años luego de ganado el juicio.
PRESUPUESTO “CHICANERO”
En la jerga abogadil, una “chicana” es una estrategia desleal de defensa que abusa de los mecanismos procesales para estirar y enredar el juicio. Ya sea para demorar una sentencia desfavorable o para frustrar el resultado material del juicio.
Los dos artículos, además de ser inconstitucionales, usan la estrategia de la chicana. Intentan demorar desembolsos que el Estado está obligado a hacer.
El 425, por ejemplo, es groseramente inconstitucional. Ya ni hablemos de la prohibición de esconder temas no presupuestales en las normas presupuestales. La Constitución obliga al Estado a prestar asistencia y tratamiento médico a quienes carezcan de recursos para pagarlos. Eso significa que, muy probablemente, el 425 será declarado inconstitucional cada vez que un enfermo así lo solicite. Pero, claro, una declaración de inconstitucionalidad insume mucho tiempo. Justamente lo que un enfermo grave no tiene. Es una chicana macabra. Juega con el hecho de que el enfermo no podrá esperar a la finalización del trámite.
En cuanto al artículo 677, es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, colocando al Estado en una posición de mayor privilegio ante el resto de las personas, mayor aun que el que ya tenía. Así, si una persona le debe al Estado, éste puede embargarla y ejecutar de inmediato. En cambio, con el régimen proyectado, si el Estado le debe a un funcionario, por ejemplo, podrá tomarse casi dos años para pagarle, además de lo que demore el juicio. Es difícil imaginar un ejemplo de mayor inequidad. La intención de ganarle tiempo al Estado para el pago de sus deudas (de algunas, no de todas) es evidente.
DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS
Durante demasiado tiempo, los uruguayos hemos identificado a la política con el juego de los partidos políticos. Peor aún, la hemos dejado exclusivamente en manos de los partidos y de los profesionales de la política.
El sistema económico e ideológico en el que vivimos nos ha hecho creer que es posible delegar los asuntos públicos, desentendernos de ellos y dedicarnos a nuestras vidas privadas, al trabajo, al fútbol, a la televisión, a la compra del último modelo de celular o de computadora. Nos ha hecho creer que es posible no ocuparnos de nada, ser cada vez más ignorantes y tener cada vez más derechos, más confort y más felicidad, ilimitadamente y sin esfuerzo.
Los resultados están a la vista: PLUNA, ANCAP, regasificadora, FRIPUR, contaminación del agua, la continuidad de las AFAP, abusos en cárceles y en el INAU, una sociedad fragmentada y violenta, un sistema educativo impotente, y, ahora, la decisión de alivianar los costos de la crisis recortando los gastos en salud y demorando los pagos del Estado.
Bien mirado, era inevitable. Quien tiene un negocio y se lo entrega a un amigo para que lo administre mientras él se divierte, suele quedarse sin negocio y sin amigo. ¿Por qué habría de ser distinto cuando el “negocio” es el país y sus habitantes?
La concepción neoliberal de la vida en democracia transmite un mensaje muy atractivo: “No te preocupes por nada, trabajá un poco, votá cada cinco años, consumí y divertite el resto del tiempo, confiá y dejá las decisiones en manos de los que saben, dejales la economía a los economistas, el conocimiento a los científicos, la política a los políticos, tu salud a los médicos, la educación de tus hijos a los docentes, tu visión del mundo a los informativos y tu bienestar emocional a los terapeutas”.
Esa concepción de la vida democrática les concede y carga a la vez a los profesionales de la política con funciones que usualmente no están en condiciones de cumplir.
Por definición, salvo escasísimas excepciones, el profesional de la política democrática es un individuo dotado para percibir el sentir y la voluntad de un sector o de todo el universo de votantes. En la medida en que lo logre e incorpore esos sentimientos y deseos colectivos a su discurso, será electo. Luego, en el mejor de los casos, intentará llevar a la práctica su discurso. ¿Es lógico pretender que, una vez en cargos de poder, se convierta de pronto en un ideólogo, capaz de formular ideas que ni él ni sus votantes tenían en mente al momento de elegirlo?
La idea platónica, de una república regida por sabios filósofos, es muy poco democrática. Los pueblos suelen elegir como gobernantes a quienes expresan lo que el pueblo piensa o quiere oír. Es decir que el nivel de una sociedad democrática está determinado por el nivel del promedio de sus ciudadanos, no por el de sus sabios y genios. Por decirlo de otra manera, el verdadero centro de gravedad de una sociedad democrática no está en el gobierno, sino en el corazón de la misma sociedad, en el cerebro promedio de sus ciudadanos
Una sociedad democrática requiere una masa crítica de ciudadanía activa. Con el término “ciudadanía” me refiero a un núcleo considerable de personas con la formación necesaria para entender los problemas públicos, que se  mantengan informadas de la marcha de esos asuntos y tengan el suficiente compromiso como para intervenir e incidir en las decisiones colectivas.
¿Hay en el Uruguay una masa crítica de ciudadanía pensante como para reorientar a la sociedad y al sistema político?
La respuesta parece simple, pero no lo es.
¿TERMINARÁ LA SIESTA?
El Uruguay tuvo, hace décadas, un nutrido elenco de pensadores, artistas, escritores, docentes, sindicalistas, profesionales universitarios, técnicos y valiosos autodidactas que oficiaban como intelectuales, a menudo inorgánicos o no necesariamente orgánicos, elevando el nivel cultural e intelectual del promedio de la ciudadanía. Pienso, con desorden cronológico, en Rodó, en Vaz Ferreira, en Grompone, en Figari, en José Pedro Varela, en Luisa Luisi, en Couture, en Quijano, en Emilio Frugoni, en los centros culturales fundados por anarcosindicalistas, en la Generación del 45, entre muchos otros y otras. Pienso incluso en José Batlle y Ordóñez y en Luis Alberto de Herrera, extraños “centauros”, mitad intelectuales, mitad políticos y hombres de acción.
Solos o reunidos en cenáculos, desde la docencia liceal o universitaria, encabezando proyectos sociales y educativos, inmersos en las luchas y en el debate público, esos personajes ayudaron a dar la tónica del Uruguay que fue. Gracias a ellos, en parte, nuestra ciudadanía fue más y mejor de lo que es.
Sin embargo, en la actual situación, movida por hechos injustos, de los que son buen ejemplo el TISA y los dos artículos presupuestales proyectados, empieza a manifestarse un malestar ciudadano incipiente. Ya no la rutina de la oposición parlamentaria, sino una preocupada indignación desde el llano, que empieza a permear a ciertas instituciones, como los sindicatos y la Universidad, despertando a algunos intelectuales y militantes sociales de su tranquila siesta oficialista.
Nuestro problema como país no es reelegir o cambiar al gobierno.  Es construirnos a nosotros mismos como ciudadanos. Formarnos, informarnos, descreer y pensar creadoramente. Una tarea colectiva e íntima a la vez, que desborda los límites partidarios.

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Sep 15

Entrevista a Juan Ceretta – Arriba Gente

Posted on martes, septiembre 15, 2015 in PRENSA

Sep 14

EXIGEN “PRINCIPIO DE IGUALDAD” TRAS EL CASO DE CAL

Posted on lunes, septiembre 14, 2015 in PRENSA

Familia pide a Vázquez fármaco de alto costo

Nicolás Graña tiene 20 años y un tumor cerebral. Hay un medicamento que su familia sostiene que “puede salvarle la vida”. Los estudios clínicos así lo demuestran. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) se niega a brindarle el fármaco. Ahora preparan una carta para reclamárselo directamente al presidente Tabaré Vázquez.

La cartera del MSP recibe una ola de juicios por pacientes por medicamentos costosos.

CARLOS TAPIA13 sep 2015

Según los estudios, desde que le están suministrando Bevacizumab, se ha constatado una reducción en el tumor que padece Nicolás. El MSP incluyó ya este fármaco en el Formulario Único de Medicamentos (FTM), pero se brinda solo a pacientes con cáncer de colon.

Los Graña recurrieron a la Justicia, ganaron en primera instancia, pero el caso tuvo un vuelco: el Tribunal de Apelaciones, basándose en una ordenanza de la exministra Susana Muñiz, les sacó la droga.

A la familia ya no le quedan caminos por recorrer en la Justicia, por eso preparan un carta para enviarle al presidente, con la esperanza de que “basándose en el principio de igualdad” el Estado financie el tratamiento.

“Sabemos que el ministerio ha hecho excepciones y nos gustaría que analicen el caso. Pasó recientemente, gracias a Dios, con este chico Agustín Cal. Aparentemente Vázquez incidió y le están dando el medicamento”, dijo Carlos Graña, padre de Nicolás, a El País.

El caso de Cal se hizo muy conocido en las últimas semanas. Se trata de un niño de 10 años al que le diagnosticaron un tumor cerebral en 2012. Tras recibir radio y quimioterapia, este año le realizaron una intervención quirúrgica en Estados Unidos y empezaron a aplicarle un tratamiento no experimentado. Para volver a Uruguay, la familia pedía que el MSP le pague la droga que necesita el niño. Se trata de Trastazumab, un medicamento que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) entrega, pero sólo a pacientes con cáncer de mama. Los Cal perdieron el juicio en primera instancia que le hicieron al MSP, sin embargo, luego de que el caso saliera en los medios, Vázquez autorizó a que le dieran el fármaco al mismo tiempo que un Tribunal de Apelaciones le daba la razón a la familia.

“Vamos a intentar con el presidente. Esperamos no recibir un portazo en la cara. Nadie nos escucha. No queremos que nos digan que sí con los ojos cerrados. Queremos mostrar las pruebas de que el medicamento es efectivo”, señaló Carlos.

Odisea.

Fue en abril de 2011 cuando le detectaron el tumor a Nicolás. En julio lo operaron en Buenos Aires (la intervención tuvo un costo de 26.000 dólares). Luego se sometió a quimioterapia. En 2012 y 2013 “estuvo bastante bien”, dice su padre. Pero a mediados de 2013 los médicos constataron que el tumor había crecido. Tras esto fueron a hacer una consulta en San Pablo, en el Hospital Sirio-Libanés —conocido porque allí se trataron y se curaron el expresidente brasileño Lula da Silva, la actual mandataria Dilma Rousseff y también el exjefe de Estado paraguayo, Fernando Lugo. Allí fue que le recetaron Bevacizumab. La primera etapa del tratamiento la hicieron en Brasil. Al llegar a Uruguay una resonancia demostró la reducción del tumor.

Los síntomas de la enfermedad que tiene Nicolás son pérdida de memoria a corto plazo, dificultades en el habla y la paralización de la parte derecha de su cuerpo. Sus padres, Carlos y Elizabeth, han constatado que, “lenta pero continuamente”, estos se han ido reduciendo.

Para los Graña pagar el medicamento se hace cada vez más difícil. Primero quemaron sus ahorros, después empezaron a pedir dinero prestado; Carlos trabaja en un banco y ya son muchas las colectas que le han hecho para su hijo. Ahora decidieron abrir cuentas en dos redes de cobranza para intentar solventar los gastos del tratamiento.

“Nuestra abogada está yendo todas las semanas al MSP a pedir una reunión con el ministro (Jorge Basso), pero no nos ha recibido. Lo que queremos mostrarle es la evidencia científica”, insistió Carlos.

La abogada de los Graña, Carolina Rebagliatti, dijo a El País que en el escrito que prepara para entregarle al presidente, se incluyen “todos los estudios que se le han hecho a Nicolás y que muestran que el medicamento sirve”.

El caso de Cal no es el único. El diputado nacionalista Martín Lema ha hecho un pedido de informes al MSP para saber cuántas excepciones, en las que pagó medicamentos aunque perdió juicios, hizo en los últimos tiempos. “Lo que yo pido es el principio de igualdad, si se los dan a uno se los tienen que dar a todos. Todos merecen acceder a la medicina que necesitan”, precisó Lema.

SMU contra artículo que bloquea juicios.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), igual que lo hizo el Consejo de la Facultad de Derecho y varios abogados de pacientes con enfermedades graves, salió al cruce de un artículo del proyecto de ley de Presupuesto que inhabilita a los ciudadanos a hacer juicios por medicamentos de alto costo.

Una delegación del SMU advirtió ante la Comisión de Salud del Senado, que particularmente el artículo 425 “restringe la única posibilidad que tienen los pacientes” de acceder a fármacos de alto costo que no están en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), es decir en la lista de drogas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

“Hoy con este artículo se está coartando esta posibilidad. Ojo, no decimos que la situación anterior sea buena ni la solución, porque tampoco nos gusta que sean los jueces quienes terminen haciendo la indicación al médico y, por ende, se acceda a la medicación sin un protocolo adecuado. No queremos ni una cosa ni otra, pero el gran riesgo que presenta este artículo, es que deja a todos los pacientes en una situación totalmente indefensa”, indicó el vicepresidente del SMU, Alfredo Toledo, según citó Ser Médico, la revista del sindicato.

Toledo insistió en que “parece poco razonable” quitarle a los pacientes la posibilidad de acceder a medicamentos de alto costo. El SMU insiste desde hace años en que el sistema del Fondo Nacional de Recursos (FNR) no funciona bien, y que lo mejor sería crear una agencia de evaluación independiente del MSP (el FNR depende del ministerio).

El artículo 425 señala que “la responsabilidad del Estado, así como de las entidades públicas y privadas” no tienen a “su cargo la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones, o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el MSP”.

Sep 14

DERECHO A LA SALUD

Posted on lunes, septiembre 14, 2015 in PRENSA

Unasur: compra conjunta

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) negocia con las farmacéuticas la compra de ocho medicamentos de alto costo a un precio menor al que suelen venderlos. En la reunión, que se llevó a cabo la pasada semana en Uruguay, los ministros de Salud sudamericanos aprobaron empezar esta ronda de negociaciones, para la cual contarán con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
13 sep 2015

El ministro de Salud, Jorge Basso, dijo que “hay medicamentos fantásticos” que están lanzando las farmacéuticas, pero que son muchos los países que “tienen problemas para obtenerlos” debido a sus costos.

“Los costos (de estos medicamentos) pueden desfinanciar económicamente a cualquier sistema. Si no administramos con responsabilidad, el sistema se va a desfinanciar”, insistió el jerarca.

El ministro dijo que además de la negociación que abrió Unasur, el MSP piensa en otras medidas para “resolver algunas circunstancias que tienen que ver con medicamentos que son de probada eficiencia, que hay estudios que muestran que son buenos, pero son inaccesibles económicamente para poner al alcance de la población”.

Por otra parte, Basso habló sobre la “judicialización de la medicina”, lo cual definió como un problema “planetario”. “En todos lados pasa, acá menos porque tenemos el Fondo Nacional de Recursos (FNR)… Pero sin lugar a dudas hay que buscar brindar todos los medicamentos que tienen probada eficiencia”.

Sep 14

Facultad de Derecho se opone a norma de acceso a medicamentos

Posted on lunes, septiembre 14, 2015 in PRENSA

Septiembre 14, 2015 05:00

Es una “limitación legal” y eso es “manifiestamente inconstitucional

El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República se sumó a quienes cuestionan el artículo 425 del proyecto de ley de Presupuesto, que regula la entrega de medicamentos y tratamientos. El órgano aprobó una resolución en la que rechaza el artículo al entender que “propone una limitación legal al suministro de medicamentos de alto costo para determinadas enfermedades”.
La norma propuesta, incluida en el capítulo del Ministerio de Salud Pública, señala que la responsabilidad del Estado y de las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud “queda limitada” a los tratamientos y medicamentos regulados y autorizados.
Especifica que no será de su cargo “la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública”.
El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República analizó el tema y expresó su rechazo a la norma propuesta, dado que limita el acceso a determinados medicamentos —sobre todo oncológicos— que al no estar incluidos en el Formulario Terapéutico Médico los prestadores de salud no están obligados a brindar, cosa que en los últimos años ha generado la presentación de acciones de amparo ante la Justicia de parte de pacientes. 
La Facultad de Derecho buscará “propender a la apertura de un escenario de diálogo, discusión y estudio para la adopción de una política de medicamentos equitativa e igualitaria, sin excepciones y acorde a la realidad sanitaria que presenta la población actualmente, evitando la judicialización de los conflictos en la materia”.

Servicio gratuito

El consejo respaldó la campaña de información a la población y de rechazo al artículo 425 iniciada por estudiantes y profesores que buscan su eliminación “por considerarlo manifiestamente inconstitucional”. En especial, la Facultad de Derecho entiende que se debe aumentar el acceso a su servicio de asesoramiento gratuito atendido por docentes y estudiantes avanzados que han promovido decenas de acciones de amparo por fármacos representando a pacientes de bajos recursos. 
“Que, por considerarse de extrema importancia, corresponde que el Consejo apoye y facilite al Consultorio de la Facultad los medios correspondientes para llevar adelante la divulgación de ese servicio brindado a sus consultantes a los efectos de que la población tome conocimiento de tan loable tarea”, expresa la declaración aprobada con los votos de los consejeros de la Corriente Gremial Universitaria (CGU) y todos los profesores, incluido el decano Gonzalo Uriarte. Los representantes estudiantiles y egresados del Frente Zelmar Michelini (Frezelmi) argumentaron en contra del pronunciamiento y se retiraron de sala antes de que se procediera a la votación. 

Sep 14

CONSEJO DE DERECHO CONTRA TRES ARTÍCULOS DEL PRESUPUESTO

Posted on lunes, septiembre 14, 2015 in PRENSA

Facultad critica que se impida acceso a remedios

El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República decidió el jueves apoyar las gestiones que se llevan adelante en el Consultorio Jurídico de esa casa de estudios para asesorar a pacientes que reclaman el acceso a medicación, procedimientos o dispositivos terapéuticos de alto costo, luego de que los integrantes del consultorio denunciaran que tres artículos del proyecto de ley presupuestal (los 425, 438 y 439) bloquean definitivamente esa posibilidad.

El Consejo decidió con el voto unánime de los ocho consejeros presentes (cuatro se ausentaron) pedir al Consultorio de la Facultad que en 15 días implemente un plan de asistencia, asesoramiento y divulgación dirigido a los pacientes de bajos recursos, residentes en el interior, y pidió a los distintos colegios de abogados que coordinen esfuerzos en ese sentido. La decisión fue propuesta por los consejeros Guillermo Chiribao, Gastón Gianero, Juan Andrés Ramírez y Ariel Ghans.

El artículo que más molesta a los integrantes del consultorio es el 425 que establece que el Estado no tiene a su cargo “la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública”.

El artículo 438 determina que “la dispensación de medicamentos, procedimientos o dispositivos terapéuticos que no se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el Ministerio de Salud Pública, solamente se admitirá en los casos taxativamente enumerados en la legislación vigente y en los incluidos en el marco de ensayos clínicos realizados conforme a derecho. Y el 439 establece que la aprobación y registro en el Ministerio de Salud Pública de especialidades farmacéuticas deberá ser precedida de un informe técnico favorable de eficacia y seguridad. También deberá tener un informe técnico favorable sobre su impacto presupuestal y de evaluación económica según las recomendaciones vigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pasado 2 de septiembre el presidente Tabaré Vázquez autorizó que el Estado financie medicamentos de alto costo para ser suministrados a Agustín Cal, un niño de 11 años que padece cáncer.

En febrero, la exministra de Salud, Susana Muñiz, hoy presidenta de ASSE, firmó una ordenanza que advierte específicamente que 16 medicamentos no ingresarán al FTM.

El Consultorio de la Facultad de Derecho ha presentado 45 amparos de pacientes que reclaman medicamentos costosos que no están incluidos en el FTM; 30 casos ya fueron cerrados. En el 90% de ellos se resolvió en primera instancia de manera favorable a los reclamantes, pero ocurre que tres de los seis tribunales de apelaciones que han entendido en estos casos suelen fallar en contra de los pacientes. Cuando ocurre esto, el ministerio le retira los fármacos a la persona.

El diputado blanco Martín Lema envió una comunicación al presidente de la cámara baja, Alejandro Sánchez, en la que señala que “nos tiene sumamente preocupados la situación de desigualdad y de injusticia que se ha generado con respecto a este tema”.

“Desconocemos los motivos por los cuales el MSP, frente a idénticos casos, adoptó distintos criterios, en algunos realizó excepciones comprando el medicamento y en otros lo negó amparándose en el FTM”. Los artículos “merecen severas críticas, tanto por cuestiones de mérito como de legalidad”, escribió Lema.

Sep 9

EL PAIS – 9 de setiembre de 2015

Posted on miércoles, septiembre 9, 2015 in PRENSA

CONSULTORIO JURÍDICO DE DERECHO APUNTA A ARTÍCULOS “INCONSTITUCIONALES”

Presupuesto bloquea juicios por medicamentos, según Facultad
El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) sostiene que el proyecto de ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, bloquea definitivamente el acceso a medicamentos de alto costo.
El MSP solo financiaría los que están incluidos en el Formulario Terapeútico.
CARLOS TAPIA09 sep 2015
Desde allí, el profesor Juan Ceretta sostuvo a El País que el texto incluye tres artículos que son “inconstitucionales” y cuyo único fin es parar los juicios que condenan al Ministerio de Salud Pública (MSP) a entregar a pacientes, la mayoría de ellos enfermos de cáncer, fármacos caros que el Estado no brinda.
El Consultorio —que representa a pacientes de bajos recursos en juicios contra el Estado—, abrió recientemente una clínica de litigios estratégicos, desde donde piensa dar pelea para que no se aprueben los artículos 425, 438 y 439. Dicha clínica es dirigida por Ceretta y por el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Uriarte.
“La idea es atender esas situaciones en las que un colectivo de personas se ve vulnerado en sus derechos. En este caso, con los alumnos de la clínica lo que estamos haciendo es iniciar una movida con legisladores a fin de que no se voten estos tres artículos. Esto lo hacemos por dos razones: primero, porque se estaría votando algo inconstitucional; y segundo, porque el único motivo que tienen esos artículos es privar a la gente a que haga reclamos en los juzgados”, señaló Ceretta.
El artículo que más molesta a los abogados es el 425, el cual establece que el Estado no tiene a su cargo “la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública”.
Polémicos.
En febrero pasado, un día antes de dejar su cargo, la exministra de Salud Pública, Susana Muñiz —que hoy es presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)—, firmó una ordenanza por la cual se advierte específicamente sobre 16 medicamentos que no ingresarán al Formulario Terapéutico. Este documento llevó a que varios jueces se pronunciaran a favor del MSP en los litigios, en el entendido de que si se pronunciaban en contra se estaría violando la separación de poderes. Ahora, en caso de que estos artículos del Presupuesto se voten así, al convertirse en ley las limitaciones para acceder a medicamentos que no están dentro del Formulario, “los jueces no podrán pronunciarse en contra de lo que quiere el Ministerio”, sostuvo Ceretta.
“El MSP está teniendo resultados en los juicios por los medicamentos que no le agradan. Entonces, en vez de cambiar algo para que la gente pueda acceder a los medicamentos que necesita, lo que hace es modificar la ley”, se quejó el abogado.
Una vez votada esta, según explica Ceretta, los pacientes antes de reclamar ante la Justicia un medicamento deberán hacer un pedido de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Luego de que esta se pronuncie, si lo hace a favor de ellos, recién ahí presentarán un amparo.
“Estamos hablando de enfermos de gravedad. Es muy probable que muchos pacientes no lleguen con vida al amparo. Al poner a los pacientes en esta complejísima situación, lo que se está haciendo es no permitirles acceder a la Justicia. Le quieren prohibir a las personas que están enfermas que reclamen judicialmente un medicamento que necesitan sí o sí”, sostuvo el abogado.
“Pacientes dependen del juez que les toque”.
“No puede ser que la suerte de los pacientes dependa justamente del juzgado al que le toque su caso”, señaló a El País el abogado del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Juan Ceretta.
El Consultorio ya ha presentado 45 amparos de pacientes que reclaman medicamentos costosos que no están en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM); 30 casos ya se cerraron y otros 15 están en curso. Según Ceretta, en primera instancia han ganado el 90% de los juicios; pero en segunda instancia, en tanto, las cosas cambian. De los seis tribunales de apelaciones que hay, tres de ellos suelen fallar a favor de los pacientes, y tres en contra. Cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP) pierde en primera instancia, se ve obligado a pagar el tratamiento; pero si gana en la apelación, le retira el fármaco al paciente.
“Los pacientes dependen del juez que les toque. Nos pasó con dos personas, que reclamaban el mismo medicamento, tenían la misma patología y los atendía el mismo médico, que uno consiguió el medicamento y el otro no. Es un 5 de oro”, resumió Ceretta.
UN SISTEMA EN LA MIRA
Juicios. En el lapso que va desde 2001 a 2014, se demandó al Ministerio de Salud Pública (MSP) en 176 oportunidades, y en 138 al Fondo Nacional de Recursos (FNR) por medicamentos de alto costo, según un informe preliminar elaborado para el Banco Mundial y Saluderecho que publicó El País en junio pasado.
Bloqueados. La ordenanza firmada por la exministra Muñiz antes de dejar su cargo, intenta bloquear los juicios por varios fármacos —al advertir que estos no van a entrar al Formulario Terapéuticos por Medicamentos— , entre ellos el Cetuximab, para el cáncer de colon, por el cual Salud Pública recibe la mayoría de los juicios (el 34%, según las cifras del año 2013).  También está la Lenalidomida, que es para la leucemia linfática crónica. Y el Sorafenib para el cáncer de hígado. En la lista de los otros 13 medicamentos se incluye, por ejemplo, el Bevacizumab, que el FNR sí lo entrega a pacientes con cáncer de colon, pero no a otros con cáncer de mama o cerebral.
Polémico. El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, ha advertido que el FNR como tal “debe desaparecer”, y que se tiene que con-vertir en una agencia independiente que evalúe qué fármacos dar, y que no dependa de la ministerio. Para el dirigente sindical, con el sistema actual el MSP “es juez y parte”, porque es quien paga los medicamentos.

http://www.elpais.com.uy/informacion/presupuesto-bloquea-juicios-medicamentos-facultad.html