Una mesa de diálogo con las patas cortas: el antecedente evidente de los artículos de la Ley de Presupuesto

Lo que sigue fue publicado en el mes de setiembre de 2014 en el sitio www.saluderecho.net, a raíz de la Mesa de Diálogo que se llevó a cabo en Montevideo, organizada con el auspicio del Grupo del Banco Mundial y en la que, con desigual relación de fuerzas, desde hace años se viene discutiendo el tema de como frenar el acceso a la justicia de los pacientes que precisan medicamentos de alto costo.
Ahora, en noviembre de 2015, años de trabajo se materializan en los tres artículos que serán votados en el Senado este mes junto a la Ley de Presupuesto.
Decíamos entonces lo siguiente:
“Cuando esta propuesta apareció sentí alguna esperanza aunque poco a poco se fue desdibujando al constatar, y pido disculpas si hiero alguna sensibilidad, que esta llamada “Mesa de Diálogo” se sienta a conversar para unas conclusiones que ya han sido elaboradas antes: el problema que es evidente se están planteando es cómo parar la protección judicial del individuo y no cómo parar la desprotección del individuo frente a la enfermedad y a un sistema que da respuestas insuficientes.
En Uruguay somos muy poquitos, apenas 3 millones y algo de personas.  Todos quienes trabajamos en el tema del acceso a las prestaciones de salud nos conocemos directa o indirectamente. Somos todos ubicables y más o menos rastreables nuestras relaciones. Entonces una se pregunta, luego de ya varios años de estar en el tema: cómo es posible que esta “Mesa de Diálogo” no convoque a quienes son en los juicios las contrapartes de las instituciones que se sientan a “dialogar” con los jueces? Cómo o por qué  se prefiere livianamente hablar de la “industria del juicio”, de los abogados como “buitres” esperando la desgracia del prójimo,  en vez de escuchar y confrontar argumentos, explorar otras soluciones, intentar entender otra perspectiva.
No alcanza con decir que es “legítimo” y “atendible” que cada uno luche por su vida y deslizar que la tarea de la Administración es “velar por el interés general” como si fuera una contradicción necesaria la defensa individual de los derechos y la del interés general. Importa si, justificar cómo es que se está implementando esta tutela, importa argumentar e importa corregir los errores y las  ineficiencias que el sistema de toma de decisiones tiene, para que el costo de esa ineficiencia no lo paguen las personas.
Cuando se desatiende negligentemente el derecho de un solo individuo se está vulnerando el interés general y se está incumpliendo con los cometidos que la Constitución y las Leyes imponen a las instituciones. Los sistemas deben ser económicamente sustentables pero también deben serlo desde el punto de vista de los valores de una sociedad dada en un tiempo dado: los nuestros, aquí y ahora, señores, no se reducen a una cifra a la que se llega calculando 3 veces el PBI per cápita.
La “Mesa de Diálogo” de hoy, estuvo renga, como la anterior: siempre escuchamos las mismas voces y lo único que hacen es presentar justificaciones. En qué hemos avanzado en estos años?
Sabemos cuánto gasta el Estado en pagar juicios? Y sabemos cuál es el costo asociado a todo el andamiaje judicial que debe moverse para cubrir las deficiencias del sistema de salud en la incorporación de  medicamentos o prestaciones? Sabemos cuánto cuestan al Estado las pensiones por discapacidad o por la muerte prematura de los enfermos? Sabemos cuánto es la diferencia entre el costo del tratamiento “priorizado” y el que el enfermo realmente necesita?  Sabemos algo realmente o solo asumimos que “no se puede”?
Cuando la economista señala que en el Ministerio de Economía están trabajando para “corregir” la inequidad que supone que ASSE brinde prestaciones que los proveedores privados no dan, algún incauto puede alegrarse. Lamentablemente, algunos sabemos que lo que están diciendo es que se ocuparán de que ASSE ya no lo brinde. El caso de los enfermos de espondiloartritis anquilosante es una de las muestras más claras de la arbitrariedad en la toma de decisiones y de cómo el tiempo perdido es irrecuperable para aquellos que sienten el paso del tiempo sobre su propio cuerpo. En la conciencia de quienes han demorado la inclusión de los tratamientos debería estar la discapacidad de muchos de ellos. No entraré ahora en esos detalles pero con gusto los puedo proveer a quienes les interese el tema.
Yo fui uno de esos abogados a los que se acusa de generar una “industria del juicio” o de actuar en escandaloso contubernio con médicos  e industria farmacéutica. Quisiera informar a los extranjeros que participan de estas discusiones que esto es Uruguay:  no existe tal industria, nadie se ha hecho millonario patrocinando enfermos. Quienes hacen acciones de amparo a veces cobran honorarios, a veces no, a veces ponen de su bolsillo para pagar hasta los gastos mínimos. Por otro lado, si alguien conoce de algún abogado, médico o laboratorio que actúe conjuntamente para promover acciones de amparo en beneficio de otra persona que el paciente, debe denunciarlo en todos los ámbitos, sin la menor demora.  Al principio una se indigna, pero luego termina habituado a la falta de respeto con la que se trata el ejercicio de nuestra profesión y, finalmente, se pregunta si todos quienes hablaron hoy sembrando sospechas sobre la abogacía renuncian al cobro de sus sueldos o sus honorarios de consultores como para proponerse por encima del conflicto de intereses.
En mi caso y, me consta que  en el de muchos de mis colegas, he usado las herramientas de las que dispongo para intentar obtener la tutela de los derechos de las personas, tarea en la que creo y que defenderé siempre. He recorrido oficinas tratando de promover soluciones que eviten el juicio porque ningún ser bien nacido puede pretender hacer de la especulación sobre la desgracia ajena su medio de vida. Todos los amparos que he llevado adelante han sido inevitables.  Y, lamentablemente, seguirán siéndolo mientras las mesas de diálogos se orienten a convencer a los jueces de que “no se puede” en vez de a buscar soluciones.
Una mesa de diálogo no debería armarse sobre una conclusión previamente adoptada, sino orientarse a la búsqueda real de soluciones, escuchando e involucrando a todos los actores comprometidos con el serio dilema ético y jurídico que representa dejar de proteger el derecho fundamental del individuo a la salud y a la vida.”